Hace un tiempo que no había escrito en este blog, por diversas razones, y han pasado muchas cosas en nuestro país (Chile) en este intertanto. Ya iremos comentando acerca de algunas de ellas. El tema que hoy me parece urgente tratar es la huelga de hambre que están llevando a cabo un grupo de compatriotas (pues tienen nacionalidad chilena y nos rige el mismo Estado) de la etnia mapuche, presos por cometer atentados contra la propiedad privada en el sur de Chile.
Hasta hoy lunes 13 de septiembre, algunos cumplen 65 días de iniciada la huelga de hambre!!! Comenzó este movimiento con 14 presos de las cárceles de Concepción y Temuco y se ha extendido a un número de 13 en Temuco, 5 en Concepción, 10 en Angol, 3 en Lebu y 1 en Valdivia. Tal como antes manifestamos nuestra preocupación por la salud de Guillermo Fariñas, quien estuvo en huelga de hambre en Cuba por sus compañeros presos políticos, esta vez lo hacemos por los presos de origen mapuche. Las demandas que estos últimos persiguen son: el fin a la aplicación de la ley antiterrorista, la desmilitarización de las comunidades y la libertad de los presos políticos mapuche.
No puedo dejar de contraponer dos situaciones que parecieran estar desconectadas, pero que presentan rasgos comunes: los huelguistas mapuche suman, hasta hoy, 32 personas; en el norte de Chile (Copiapó) se intenta rescatar de las entrañas de la tierra a 33 mineros atrapados luego de un derrumbre, producto de la negligencia y falta de escrúpulos de los propietarios de la mina donde trabajaban. La relación obvia es la cifra, 33 mineros y 32 huelguistas; pero, deseo enfatizar otro aspecto: ambos grupos de chilenos son de sectores subalternos, de condición social y económica precaria. Los vinculan dos elementos que, estructuralmente, han sido causantes de marginación y precariedad: la clase y la raza. Sólo falta un tercero, el género, para completar esta tríada nefasta, el cual no se hace visible en esta ocasión pues no hay mujeres involucradas en estas acciones, pero que, sin duda, aún está muy presente como generador de desigualdades.
La atención periodística ha estado centrada en el rescate de los mineros del norte. Claro es razonable pues conviene a muchos, sólo por mencionar a algunos: a) el gobierno, que ha elevado su popularidad mostrando un exitoso proceso de rescate; b) los medios de comunicación, que incluso han farandulizado esta trágica contingencia y obtenido pingües réditos comerciales pues la audiencia (rating) los ha acompañado; c) la sociedad chilena: que aún viviendo el trauma de un funesto terremoto a comienzos de año, ha vivido con el episodio de los mineros una catarsis al constatar que es posible vencer los malos presagios y la adversidad.
Pero, ¿y los 32 mapuches? Éstos presentan para la población, los medios y el gobierno una situación ambivalente. Quizás porque no sabemos como enfrentar como país lo que está ocurriendo. Por ello, y sólo como un elemento más para el debate propongo lo siguiente: clarificar la condición de quienes, en estos momentos, han radicalizado su postura adoptando una huelga seca (no ingerir alimentos ni agua).
En primer lugar, definir cómo tratarlos: ¿son terroristas, son presos comunes, o son presos políticos? Si admitimos el primer caso, serían merecedores de aplicarles la ley antiterrorista; si la segunda opción, entonces, debería aplicarseles la legislación penal; sólo en la tercera de las posibilidades la situación se torna distinta. A propósito, lo que pareciera no estar en discusión es que las personas en huelga han cometido acciones que afectan a otros: quemas de casas, graneros, maquinarias y medios de transporte, en resumen han realizado actos que la legislación que nos rige a todos, considera delictuosos. El problema coyuntural es si esas acciones son consideradas terroristas o no. El gobierno establece, cada vez con menos fuerza, que lo descrito son hechos que ameritan encauzar a quienes los cometieron bajo la ley antiterrorista. En cambio, los mapuche, y quienes han hecho causa común con ellos, interpretan el presidio de quienes llevaron a cabo estas acciones como el de "presos políticos". Dilucidar este dilema no es sólo semántico, sino que muy práctico: por ejemplo, la condena para un sujeto que realizó una determinada acción, bajo la ley antiterrorista podría llegar a alcanzar a 80 años de presidio, en tanto bajo el Código Penal podría sumar 15 ó 20 años.
Ayudaría a dilucidar este asunto si se realiza el ejercicio de "descentrar" el concepto de política. Nuestro sistema político y social ha entendido la política dentro de los cauces de las instituciones formales y partidarias, y me parece que ello deja trunco el debate. Los actos de la población no son meras reacciones coyunturales o espasmódicas, sino que muchas de ellas responden a visiones de cómo "debe ser" la sociedad, la economía, las relaciones laborales, el trato entre los distintos actores colectivos, etc. La praxis individual y social es informada a través de estos contenidos de conciencia, por ello postulo que, en este caso, la actuaciones llevadas a cabo por distintos miembros de la etnia mapuche son acciones políticas. Negar esto es negar las posibilidades de solución a un conflicto que va más allá de una determinación legal. Es no pensar el asunto como estructural y reducirlo a la coyuntura.
Los problemas sociales, mapuche o de otro tipo, son problemas políticos y deberían ser considerados como tales a la hora de implementar soluciones. No estamos con ello eximiendo de responsabilidad a los huelguistas. Si la sociedad chilena, con todas las tensiones que ello implica, ha considerado adecuado darse una forma de organización estatal como la que tenemos vigente, debería respetarse. Pero, tampoco es dable catalogar reivindicaciones políticas de antigua data como terroristas. La quema de predios e instalaciones, si es que se acreditan los hechos y las personas, tienen penas definidas. Es muy lamentable que ello haya ocurrido a otros compatriotas, pero ello no basta para definir de terroristas a quienes las realizaron.
Ahora bien, hay otro punto que subayace a lo anterior: Chile debe asumir su condición de Estado multinacional. Somos un Estado compuesto de muchas naciones, donde incluso deberían contabilizarse a personas que se sienten ligadas a determinados grupos étnicos. Este es un primer aspecto, y el otro, es un secreto a voces tan inmenso que a veces nos ha provocado una sordera social de tan estridente que es: estos conflictos se agudizan desde las desigualdades de todo tipo.
Quizás no seamos nosotros quienes podamos experimentar la solución a estos males que nos aquejan como país, pero sí nos compete visibilizarlos y abordarlos con humildad, apertura y afán de construir una sociedad mejor para todos. Ello ayudará que episodios como los que están sufriendo hoy 33 mineros quienes, a pesar de conocer lo precario de sus condiciones de trabajo, fueron a las profundidades de la mina para conseguir el sustento; y que 32 mapuches en huelga de hambre puedan desistir de su acción cuando convivan en una sociedad que consideren más justa y equitativa. Donde sus condiciones de vida no dependan de su origen, y su sustento, como el de otros millones de chilenos en condición vulnerable, no sea una insoportable lucha cotidiana.
Por ahora, no queda más que ejercer una espera activa, confiando que la buena voluntad impere y esos compatriotas de la nación mapuche puedan ser escuchados en justicia.
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